El Gobierno aprueba reclamar la nulidad de la inmatriculación de La Seo
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado iniciar el procedimiento para reclamar la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de La Seo y la Iglesia de la Magdalena
Se presentará un requerimiento al Gobierno de España para esclarecer la titularidad del bien, y una demanda judicial con el fin de conseguir la nulidad registral
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su sesión de hoy reclamar la nulidad de la inmatriculación de la Catedral de la Seo y la Iglesia de la Magdalena, bienes inscritos por la Iglesia Católica, con el fin de que estos sean de dominio público, patrimonio de todos los zaragozanos y aragoneses. Este procedimiento no entra a valorar el uso religioso ni carácter litúrgico de los bienes, así como tampoco se enfrenta, de modo alguno, a la libertad de culto.
Con ese fin se presentará un requerimiento al arzobispado así como al Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, procurando así un esclarecimiento de la titularidad del bien. Al tiempo, se presentará una demanda judicial con el fin de conseguir la nulidad registral, al contravenir esta la legislación hipotecaria vigente.
Asimismo, el Gobierno de Zaragoza está pendiente de recibir un inventario de todos los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1978. Ha sido requerido al Decanato Territorial de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad, solicitando la colaboración necesaria para obtener una relación telemática de estos inmuebles, con datos de identificación precisos para realizar un inventario que incluya la certificación catastral de la parcela o parcelas, y la delimitación geográfica de la finca.
El pasado 27 de mayo, el pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de CHA en la que instaba al Gobierno de la ciudad a solicitar la información relativa a las inmatriculaciones desde la reforma del reglamento hipotecario hasta la actualidad y, a partir del cual, impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes de titularidad pública.
La Ley Hipotecaria establecía desde su aprobación inicial (1946) la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica a través del llamado certificado de dominio emitido por el diocesano del lugar, un privilegio registral que ya ha desaparecido del ordenamiento. Concretamente con el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario presentada en el Congreso de los Diputados en el 2014 y aprobada finalmente en marzo de 2015. Este proyecto faculta para la inmatriculación, finalmente, sólo a las Administraciones Públicas y Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
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