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El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, ha presentado alegaciones al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Según ha manifestado el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, el Plan refleja 'falta de sensibilidad para atender a los colectivos vulnerables, supone un retroceso respecto a los planteamientos de fomento del alquiler y no está en la línea de las políticas públicas de vivienda que se aplican en el resto de Europa'. Las alegaciones han sido dirigidas a la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, administración responsable de reunir las iniciativas municipales y trasladarlas al Gobierno Central.

Tras la lectura detenida del borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda, Híjar ha rechazado medidas como el establecimiento de un límite de renta de alquiler igual o inferior a 600 euros para las ayudas al alquiler de vivienda. A su juicio, 'esta medida provoca el efecto inflacionista sobre los precios del mercado de alquiler -ya que los propietarios subirán el importe de las rentas hasta el tope legal establecido y se producirá un aumento de precios en el mercado- y no tiene en cuenta los ingresos de la unidad familiar, cuando está demostrado y es práctica habitual por parte de otras administraciones que esto es más equitativo y social'.

Las alegaciones presentadas por el Consistorio defienden que las actuaciones de algunos programas están muy enfocadas a favorecer la iniciativa privada en detrimento de los operadores públicos y, por ende, de los parques públicos de vivienda. Esto es especialmente llamativo en el programa de viviendas para personas mayores. También supone un retroceso respecto a los planteamientos de fomento del alquiler, la inclusión en el programa de ayuda a los jóvenes de ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente, volviendo a los tiempos en que las políticas públicas favorecían la compra sobre el alquiler.

'No está en la línea de las políticas públicas de vivienda que se aplican en el resto de Europa, diferenciar programas de viviendas para personas mayores y para personas jóvenes, ya que se vuelve a viejas políticas ya superadas de segregar a la población por edades según tipología de las viviendas' ha explicado el concejal. Híjar también ha incidido en que los programas de vivienda en Europa tienden a establecer la promoción de alojamiento, colectivos o viviendas con servicios comunes en las que no se diferencia por edades a los beneficiarios, que tienen un perfil muy diverso.

Respecto al programa de ayudas a los desahuciados, el edil ha explicado que 'tanto los convenios a suscribir por SAREB y las entidades financieras como el propio funcionamiento de los fondos de viviendas de alquiler social, incluyen una serie de condiciones, como el plazo de duración de los contratos de arrendamiento de dos años (contrario a lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos), la adhesión voluntaria de las entidades al convenio y la conformidad previa al arrendamiento con el beneficiario desahuciado, que son claramente favorables a SAREB y entidades financieras'.

Por lo que respecta a las unidades de convivencia más vulnerables, no se contempla la necesidad de equipos de apoyo y acompañamiento, que sí se recogieron en planes anteriores, en concreto en el Plan Estatal de vivienda 2009-2012, para los programas de erradicación de chabolismo, tan importantes para garantizar la viabilidad de estos procesos. Tampoco hay referencia alguna a las viviendas tuteladas, imprescindibles para determinados colectivos, como por ejemplo, las personas con problemas de salud mental.

Por último, el Plan adolece de la falta de un programa específico de rehabilitación para colectivos vulnerables y de mecanismos que potencien la financiación de la rehabilitación ya que no se prevén instrumentos financieros adecuados a las características de las comunidades de propietarios y de las unidades familiares que las habitan. La propuesta del Consistorio en este aspecto es recoger la experiencia de los equipos de gestión y acompañamiento social y administrativo que aportan los Ayuntamientos en la redacción de los Planes de vivienda que contaran con una financiación de hasta un 66% por parte de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Fomento.