Zaragoza Vivienda ha adjudicado 634 viviendas de alquiler social desde 2015, el doble que en los cuatro años anteriores
El concejal Pablo Híjar ha presentado el balance de los tres últimos años, en los que la media mensual de familias realojadas casi triplica la cifra del anterior mandato
El 61% procede del acceso general a la bolsa de alquiler social municipal. El 33% son para dar respuesta a procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler. El resto, para atender a colectivos vulnerables como víctimas de violencia machista, personas refugiadas o sin hogar
El Ayuntamiento de Zaragoza ha multiplicado casi por 3 su respuesta a la emergencia habitacional desde el año 2015. Así lo muestran los datos de adjudicaciones de vivienda municipal de alquiler social que hoy ha presentado el concejal de Vivienda, Pablo Híjar. En concreto, durante los últimos tres años, la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha cedido 634 viviendas de alquiler social, justo el doble que las 317 de los cuatro años de la anterior Corporación 2011-2015. En periodos anteriores los datos eran todavía inferiores: 138 en 2007-2011 y 118 en 2003-2007.
La extrapolación de la tendencia de estos tres últimos años hace prever una cifra aproximada de 840 adjudicaciones al concluir el mandato en 2019. Por el momento, el dato de 634 alquileres sociales ya materializados desde 2015 supera los 573 que se adjudicaron en los 12 años anteriores (2003-2015).
El refuerzo en las políticas de vivienda se constata igualmente en la estadística mensual. De media, entre 2015 y 2018, Zaragoza Vivienda ha realojado a 17,61 unidades de convivencia cada mes. Durante el periodo 2011-2015 la media mensual fue de 6,60 alquileres sociales, mientras que el 2007-2011 fueron 2,85 al mes, y 2,45 en 2003-2007.
Programas y vías de acceso
El 61% de las adjudicaciones corresponde al denominado acceso general a la bolsa de alquiler social municipal. En estos casos acceden las unidades de convivencia inscritas como solicitantes de vivienda, por orden de antigüedad, siempre haciendo coincidir las características de la vivienda a adjudicar con las necesidades de cada solicitud en cuanto a tamaño, número de dormitorios, condiciones de accesibilidad, etc.
Las unidades de convivencia que acceden por este procedimiento cumplen siempre tres condiciones básicas:
- Necesidad de vivienda (no disponer de vivienda en propiedad, salvo excepciones que marca la legislación autonómica).
- Empadronamiento en la ciudad de Zaragoza.
- Ingresos netos anuales superiores a 5.100 euros e inferiores a 26.855,68 euros.
Es decir, todas las unidades de convivencia que acceden por este sistema (el 61% del total), tienen una situación de necesidad alta, siendo éste un recurso fundamental para su situación de bienestar.
El siguiente grupo en cuantía es el acceso por Oficina Municipal de Vivienda (OMV), que supone el 18,39% de los casos. Se trata de familias que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales por deuda hipotecaria o de alquiler, y por tanto en alto riesgo de pérdida de su vivienda habitual y en situación de emergencia. Solo cuando las intervenciones de mediación no tienen resultado positivo y no tienen otra posibilidad de solución habitacional acceden a vivienda social de alquiler, como última alternativa para evitar la exclusión residencial. Únicamente ha sido necesario el realojo en vivienda pública de alquiler en el 8,4% de los casos trabajados en la OMV.
Otros casos de emergencia habitacional (el 10,54% del total) se solucionan a través del convenio establecido entre Zaragoza Vivienda y el Gobierno de Aragón a través del cual se ceden viviendas a la Red de Bolsas de Alquiler Social que son dedicadas al realojo de unidades de convivencia vulnerables en situación de emergencia habitacional por pérdida de su vivienda habitual. El mismo objetivo se cubre con el convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supone un 4,35% de las adjudicaciones totales.
Sumando estos tres últimos sistemas de adjudicación, que cubren el mismo objetivo de evitar la exclusión residencial en situaciones de pérdida de la vivienda habitual, se observa que se han adjudicado el 33% de las viviendas con este fin.
El resto de adjudicaciones, un 5,69%, han estado dirigidas a situaciones de vulnerabilidad ligadas a programas que se desarrollan en colaboración con el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto por los programas de intervención que desarrollan los centros municipales de servicios sociales como los desarrollados desde Servicios Especializados con colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad: programa Housing First para personas sin hogar, programa de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género, programa de viviendas temporales para personas refugiadas, para situaciones de siniestro en la vivienda habitual, etc.
Datos por tamaño e ingresos de la unidad de convivencia
En cuanto al tamaño de la unidad familiar, casi la mitad (47%) de las que han accedido a vivienda social municipal son unipersonales o de dos miembros. Un 21% son familias numerosas, con 5 o más miembros.
El 66% dispone de unos ingresos anuales inferiores a 1,25 IPREM. La renta mensual de arrendamiento en estos casos no supera el 20% de sus ingresos, con un mínimo de 85 euros mensuales. El resto de los casos no abonará más del 30% de sus ingresos.
Cronificación de la emergencia habitacional
Redoblar los esfuerzos para dar respuesta a la emergencia habitacional está siendo una de las prioridades del Gobierno de Zaragoza para atender esta realidad que no solo no ha descendido en los últimos años sino que se ha cronificado, con una legislación estatal que sigue sin dar respuesta a las necesidades sociales.
En 2017 se practicaron en Zaragoza 1.461 lanzamientos como consecuencia de procedimientos de ejecución en los juzgados de primera instancia, 140 más que el año anterior. La mayoría de ellos, 892, fueron por impago de alquiler, que respecto a 2016 aumentaron en 102 casos (un 11% más).
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