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Zaragoza, miércoles, 4 de julio de 2012.- El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado a preparar la documentación necesaria para presentar un recurso ante los tribunales de Justicia contra la Orden del Ministerio de Industria publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado por la que se anula la decisión del anterior Ejecutivo de cerrar la central nuclear de Garoña en julio de 2013 y se decide en cambio prorrogar su vida útil hasta el año 2019. Asimismo, el Ayuntamiento elevará una queja a la Comisión de la Unión Europea para que exija a España las pruebas de stress anunciadas por Bruselas y la anulación de esta decisión ministerial. La iniciativa de presentar tanto el recurso judicial como la queja se aprobará en la próxima reunión del Gobierno de Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo Pleno aprobó el pasado 26 de marzo una moción del grupo municipal socialista en la que se instaba al Gobierno central el cierre de la central, considera que los riesgos y consecuencias que entrañan un posible accidente, un atentado terrorista o un simple terremoto podrían ser catastróficos en todo el valle del Ebro. Así se desprende de un estudio internacional elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria, hecho público recientemente en Zaragoza por la organización ecologista ’Greenpeace’, en el que se afirma que la nube radiológica contaminaría irreversiblemente toda el Valle, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Se estima además que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero. Por otro lado, se considera que existe cierta desprotección ante los posibles daños y perjuicios causados a las personas afectadas ya que la compensación económica a la que estaría obligada la empresa jamás pasaría de los 1.200 millones de euros. Una cuantía a todas luces insuficiente puesto que, por ejemplo, el coste provisional del accidente de Japón asciende a 520.000 millones de euros. "Prorrogar esta central es un riesgo inasumible desde el punto de vista ambiental, sanitario, económico y ético, por cuanto estaríamos hipotecando gravemente la vida de las próximas generaciones. Esta decisión del Gobierno de España, unida a la congelación de las ayudas a las energías renovables van sin duda en la peor de las direcciones desde el punto de vista medioambiental y energético", ha subrayado el consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco, para quien la antigüedad y la obsolescencia de las instalaciones (la central empezó a funcionar en 1969) constituye "un grave y peligroso error".