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Zaragoza, viernes, 7 de septiembre de 2012.- El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Consejería de Medio Ambiente, celebra el anunció realizado por la empresa Nuclenor de no solicitar la renovación del contrato de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y renunciar a la presentación de la documentación necesaria en el plazo legal establecido. "La noticia supone un paso más, esperemos que el definitivo, en nuestra lucha por el desmantelamiento de esta central que constituye un riesgo de grandes proporciones para todo el país y muy especialmente para todo el valle del Ebro", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Jerónimo Blasco. "Prorrogar esta central como pretendía el actual Gobierno central es un riesgo inasumible desde el punto de vista ambiental, sanitario, económico y ético, por cuanto estaríamos hipotecando gravemente la vida de las próximas generaciones. Ahora solo queda esperar que se cumpla la legalidad y una vez expirado el plazo de renovación del contrato de explotación, sin solicitud alguna, se inicie el proceso de desmantelamiento", ha subrayado Blasco, para quien la antigüedad y la obsolescencia de las instalaciones (la central empezó a funcionar en 1969) constituye "un grave y peligroso riesgo". "Ojalá este cierre -ha añadido- sea solo el principio de un proceso que se extienda al resto de plantas nucleares del país". El Ayuntamiento de Zaragoza ya se encontraba preparando la documentación necesaria para presentar un recurso ante los tribunales de Justicia contra la Orden del Ministerio de Industria publicada el pasado mes de julio en el Boletín Oficial del Estado por la que se anulaba la decisión del anterior Ejecutivo de cerrar la central nuclear de Garoña en julio de 2013 y se decidía en cambio prorrogar su vida útil hasta el año 2019. Asimismo, el Ayuntamiento tenía previsto elevar una queja ante la Comisión de la Unión Europea para que exigiera al Gobierno de España las pruebas de stress anunciadas por Bruselas, así como la anulación de esta decisión ministerial. El Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo Pleno aprobó el pasado 26 de marzo una moción del grupo municipal socialista en la que se instaba al Gobierno de España el cierre de la central, considera que los riesgos y consecuencias que entrañan un posible accidente, un atentado terrorista o un simple terremoto podrían ser catastróficos en todo el valle del Ebro. Así se desprende de un estudio internacional elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria, hecho público recientemente en Zaragoza por la organización ecologista ’Greenpeace’, en el que se afirma que la nube radiológica contaminaría irreversiblemente toda el Valle, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Se estima además que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero.