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Zaragoza, lunes, 15 de octubre de 2012.- El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza no se sumará a las aportaciones que se realicen desde el consistorio para tratar de reconducir los cambios que el Gobierno de Aragón quiere introducir en la Ley de Urbanismo de Aragón ( LUA). Así lo ha manifestado al inicio de una reunión de trabajo que ha convocado el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, Carlos Pérez Anadón, a la que han acudido todos los grupos municipales. El encuentro perseguía crear un grupo de trabajo y dar cumplimiento así a una moción plenaria que trata de reivindicar la autonomía municipal en las cuestiones que afectan de manera directa a su desarrollo urbano de la ciudad. Todos los grupos han acudido al encuentro convocado por Pérez Anadón, apoyado en un documento técnico de 50 páginas, en las que se hace referencia a los asuntos de más interés para la ciudad que se verán afectados por los cambios que trata de introducir el Gobierno de Aragón Ha sido al inicio de la sesión de trabajo cuando el representante del grupo municipal Popular ha expresado la decisión de su formación de "no realizar aportaciones como grupo municipal". Esta determinación hace imposible "alcanzar una postura global del Ayuntamiento de Zaragoza para defender aquellos asuntos que afectan gravemente al modelo de ciudad y a los legítimos intereses de los ciudadanos y que fue el motivo que decidió crear este grupo de trabajo", ha explicado el Consejero de Urbanismo de Zaragoza, Carlos Pérez Anadón. De esta manera se impide además que el grupo de trabajo progrese y se constituya para analizar en bloque las modificaciones que se quieren introducir en el texto de la Ley Urbanística de Aragón, aprobado hace tres años. El Consejero de Urbanismo de la capital aragonesa ya remitió al Gobierno de Aragón el pasado mes de julio, un documento en el que se adjuntaban 108 propuestas en más de 90 páginas que trataban de corregir no sólo cuestiones administrativas y jurídicas, sino aspectos de mucha más envergadura en el gobierno de la ciudad, al entender que se trata de un verdadero recorte a la autonomía municipal. Pérez Anadón manifestó ya entonces su abierta discrepancia con la normativa que quiere anular la potestad que tienen los ayuntamientos para proteger y ordenar el suelo rústico del municipio, de manera que con la nueva normativa que baraja el ejecutivo de Rudi se abriría la posibilidad de que estos suelos acogiesen cualquier actividad, incluso las propias de suelos urbanos. De la misma manera, rechazó la intención del Gobierno autonómico de eliminar las exigencias mínimas de zonas verdes y de equipamientos que rigen en todas las urbanizaciones de los sectores. El Consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza teme, si ese propósito se lleva a cabo, que se rompa el equilibrio urbano de la ciudad, reduciendo la consecución de este tipo de suelo que se traduce finalmente en equipamientos y bienestar para los ciudadanos. De hecho, justificadamente se podría reducir este suelo en su totalidad, lo que en el caso de Zaragoza habría supuesto, de haber estado vigente el nuevo articulado, la desaparición de 3,5 millones de m2 que ahora disfrutamos. De la misma manera, desde el equipo de Gobierno de Zaragoza no se comparte el intento de eliminar el límite de densidad que debe regir en una parcela en desarrollo, que ahora está en 75 viviendas /ha en suelo urbanizable o 150 viviendas /ha en urbano. La desaparición de este límite favorecerá que el número de viviendas lo determine la presión de los mercados o cualquier otro factor, volviendo a fotografías urbanísticas de hace décadas, propias del desarrollismo. Igual de lesivo para los intereses del Ayuntamiento es el intento de obligar a los consistorios a someter a informe vinculante de la DGA no sólo los planes generales, sino también los de desarrollo, es decir, los planes especiales o parciales, hurtando así a los consistorios la posibilidad de decidir. Finalmente, las novedades que deben debatirse en el Parlamento aragonés tampoco son respetuosas con el patrimonio artístico o arquitectónico de las localidades, ya que se baraja eliminar el catálogo de bienes protegidos a la hora de aprobar los diferentes planes.